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La causa
La causa fue iniciada a partir de la denuncia presentada en abril del 2002 por el Fiscal Federal Félix Pablo Crous, en base a los testimonios dados a conocer en el “Juicio por la Verdad” de La Plata. En el 2003 los Fiscales Generales, Dulau Dumm y Molina formularon el requerimiento de instrucción de la causa caratulada “Dupuy Abel David y otros s/ homicidios, torturas, tormentos, y privación ilegítima de la libertad”. Finalmente el 7 de abril de 2009 el juez federal Manuel Blanco la elevó a juicio oral y público quedando radicada en el Tribunal Oral Federal Nº 1.
Todos los imputados prestaron funciones bajo la dirección de Abel Dupuy, quien estuvo a cargo de dicha Unidad penitenciaria desde el 13 de diciembre de 1976. Además del jefe de Unidad, se encuentran acusados Isabelino Vega, Víctor Ríos, Elvio Cosso, Catalino Morel, Ramón “Manchado” Fernández, Jorge Luis Peratta, Segundo Andrés Basualdo, Valentín Romero, Héctor Acuña, Raúl Aníbal Rebaynera, Carlos Domingo Jurio, Enrique Leandro Corsi y Luis Domingo Favole.
Luego de varias postergaciones el juicio comenzó el Lunes 12 de abril. Las audiencias son los días Lunes y Martes desde las 09:00 hs y se ingresa presentando el DNI.
La Unidad Nº 9
El 21 de septiembre de 1960 fue inaugurada la Unidad Nº 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense, ubicada en la calle 76 e/9 y 11 de la ciudad de La Plata. Esta Unidad se caracteriza por corresponder al sistema denominado "espina dorsal": cuenta con un corredor central donde se encuentran los patios y, en forma paralela, los pabellones.
Desde 1973 alojó presos políticos y, entre 1976 y 1983, funcionó en coordinación con los Centros Clandestinos de Detención del circuito represivo de la provincia de Buenos Aires conocido como “circuito Camps”. En ese período albergó a presos comunes y políticos que fueron sometidos al plan sistemático de torturas perpetrado por el terrorismo de Estado, aplicado en ese caso por el personal del Servicio Penitenciario Bonaerense al mando de Abel David Dupuy.
Muchos internos que provenían de distintos centros clandestinos de detención del país eran “blanqueados” al ingresar a la Unidad Nº 9, es decir, eran puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, el pase a la legalidad no implicaba el cese de las torturas, los tormentos y los castigos. Se trató de una de las unidades que más presos políticos recibió, y cuyo destino eran los denominados “Pabellones de la Muerte”.
De los testimonios de los sobrevivientes se desprende que mientras estuvieron alojados dentro del Penal fueron sometidos a torturas y a condiciones infrahumanas de detención. Si bien varios internos fueron liberados de la unidad carcelaria, muchos compañeros coinciden en haberse enterado de que aquellos a los que se les había efectuado un supuesto traslado fueron vueltos a secuestrar, posteriormente asesinados o desaparecidos.
Los hechos
Los hechos elevados a juicio son los homicidios de Horacio Rapaport, Juan Carlos Deghi, Angel Georgiadis, Rufino Pirles y Dardo Cabo, los tormentos seguidos de muerte de Marcos Ibáñez y Alberto Pinto, las desapariciones de Guillermo Segalli, Gonzalo Carranza y Miguel Domínguez, la privación ilegal de libertad de Horacio Alejandro Micucci, Juan Destéfano y Amadeo Gramano y los sucesos del 13 de diciembre de 1976 cuando tuvo lugar una requisa, con motivo de la asunción de Abel Dupuy como Jefe de la Unidad, en la cual se sacó al total de los presos políticos al patio y se los obligó a correr entre dos filas de agentes quienes los torturaban a su paso con el uso de palos y rifles entre otros.
Los hechos que se les imputan a los acusados son sólo una mínima parte de los acaecidos en la realidad y quienes están siendo juzgados no fueron los únicos que participaron en tales hechos. Vale recalcar que durante la dictadura militar en la Unidad 9 se alojaron más de 1500 personas y que hoy se están juzgando menos de la décima parte de los delitos cometidos.
El juicio
Un claro ejemplo de esto último es la exclusión del listado de acusados de Pedro César Guerrero, quien había sido parte de los imputados por los delitos cometidos en la Unidad 9 pero, por haberse hallado prófugo durante un tiempo, le fue iniciada una causa aparte. En este sentido la Fiscalía solicitó que se adjuntara la causa iniciada a Guerrero, lo cual no fue aceptado por el Tribunal. Por su parte, al iniciar el juicio la defensa de los imputados solicitó la nulidad del mismo, y que se considerara como ilegítima a la querella por estar conformada por organizaciones de Derechos Humanos y ONGs. Estos pedidos también fueron rechazados por el Tribunal.
Todos los imputados se negaron a declarar y, finalmente, el lunes 26 de abril comenzaron los testimonios de las que serán más de 250 personas en declarar por los crímenes de lesa humanidad que se le imputan a los 14 agentes del Servicio Penitenciario, tres de ellos médicos.
Antes de comenzar las declaraciones testimoniales los representantes de las querellas solicitaron al Tribunal se revocara la detención domiciliaria de Isabelino Vega, Elbio Omar Cosso, Valentín Romero y Ramón Fernández y su posterior traslado a cárceles comunes. También solicitaron se procediera a la detención de los médicos, que se encuentran con libertad provisional. El Tribunal resolvió dar a lugar a la primera petición, revocando los arrestos domiciliarios, pero no así al pedido de detención de los médicos.
La principal estrategia esgrimida por la defensa de los acusados es la de deslindar responsabilidades de los imputados a través de una nueva “obediencia debida” por la cual los acusados obedecerían órdenes del Ejército. Asimismo la defensa de los médicos acusados apunta al planteo de que los mismos “nada podían hacer”. A lo largo de las audiencias que se sucedieron hasta el día de la fecha ambas teorías han sido tiradas por la borda por los testimonios de los familiares y los ex presos políticos que declararon. La Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense estaba insertada en el plan represivo aplicado en el momento, como un eslabón más, independiente pero en coordinación con los demás centros de detención clandestinos.
Las declaraciones testimoniales comenzaron con el conmovedor testimonio de Carlos Pinto, hermano del torturado y asesinado Alberto Pinto, al cual le siguieron los testimonios de varios ex presos políticos que sufrieron la represión dentro de la Unidad 9. Tal es el caso de Julio César Morgodoy Carecce, quien mencionó que “cada vez que lloviznaba, el guardia cárcel Raúl Rebaynera ponía música clásica (Beethoven o Bach) y salía a `cazar’, como él decía. Nos sacaba de las celdas y nos llevaba a los calabozos de castigo para golpearnos. `Si te doy 15 trompadas y no gritás, te volvés a la celda. Sino te quedás 15 días’, te decía”. Con respecto a los médicos esgrimió: “Todos le teníamos terror porque eran torturadores. Ningún médico si veía la situación se podía bancar lo que pasaba, así que los tipos preguntaban si estábamos bien y se iban. Personalmente no quería ningún medicamento porque era peor”.
En este sentido Carlos Alberto Álvarez hizo referencia al trato recibido por los médicos imputados en la causa, específicamente sobre el caso de Leandro Corsi: “le solicité un vaso de agua para tomar una pastilla, ya que tenía dolencias estomacales” y ante la solicitud la respuesta de Corsi fue “dejá de hinchar las pelotas, tomá de la letrina”.
Respecto al caso Pintos David Andenmatten declaró que “los médicos sabían que esta persona estaba enferma y ellos confirmaban que podían seguir pegándole” y por otra parte recordó “a Ortiz, que lo tuvieron que operar de la vejiga, los médicos sabían por qué motivo era”.
Javier Marcelino Herrera ratificó declaraciones que hizo en 2005 y aclaró haber visto a la mayoría de los imputados el día de la requisa del 13 de diciembre de 1976. En cuanto a la responsabilidad de los médicos, el testigo también ratificó su declaración efectuada hace cinco años: “existió complicidad entre los médicos y quienes ordenaban las torturas. Los médicos de guardia tenían relación directa con los pabellones. De hecho, era Favole quien entraba a los pabellones”, dijo.
Jorge Ernesto Podolsky señaló frente al Tribunal que por los tratos recibidos en dicha Unidad “había asumido la muerte. Me preparé para morir”. Podolsky que, junto con Eduardo Zavala, fue uno de los más castigados en la requisa del 13 de diciembre de 1976, declaró sobre diversos casos de torturas y contó que él había sido muy golpeado por ser judío. Su compañero de celda, Ernesto Fernando Villanueva, declaró en el mismo sentido y también hizo referencia a los homicidios que en este caso son materia de juicio. De igual forma José Jozami se refirió a la requisa del 13 de diciembre como “un hecho general, organizado, para mostrarnos una nueva época fundada en el terror”.
También prestó testimonio la ex detenida desaparecida Hilda Ursula Rochocz, hermana de Gonzalo Carranza, quien estuvo detenido en la Unidad 9 y fue liberado el 2 de febrero de 1977 a altas horas de la madrugada, sin haberse notificado a los parientes de que se efectuaría tal liberación. En la puerta de la Unidad fue secuestrado junto con Guillermo Segalli y Miguel Domínguez. Hasta el día de hoy los tres permanecen desaparecidos.
En varios casos la familia de los presos políticos era perseguida. Ese fue el caso de Pedro Niselsky, a cuya mujer secuestraron y mataron las fuerzas militares. Fue secuestrado un día después del golpe militar junto a otras cuarenta personas para llevarlos a la Escuela Naval. “Como cualquier obrero, era un gremialista que peleaba por mejores las condiciones de trabajo”, dijo. En ese entonces, trabajaba en la fábrica de Astilleros.
Por su parte el periodista y actual director del periódico semanal “Miradas al sur” Eduardo Anguita declaró sobre el secuestro y desaparición de su madre, Matilde Vara, ocurrido el 24 de julio de 1977 en su lugar de trabajo luego de haber recibido una serie de amenazas en las que hacían referencia a la condición de detenido de su hijo. Anguita también dio testimonio sobre los homicidios de Dardo Cabo, Rufino Pirles, Horacio Rapaport y Ángel Georgiadis; las desapariciones de Guillermo Segalli, Miguel Domínguez y Gonzalo Carranza; y, además, las torturas y tormentos perpetuados a Julio César Urién. También declaró que en febrero de 1978 había salido de la cárcel Jorge Roberto Petiggiani, quien resultó desaparecido inmediatamente después de egresar de la Unidad.
Por su parte Juan Cristóbal Mainer en su testimonio relató que fue secuestrado junto a su madre, su hermana y su cuñado, y que al ser “blanqueado” en la Unidad 9, recibió la visita de sus dos hermanos Pablo Joaquín y María Magdalena. Ambos están desaparecidos.
También declararon los ex presos políticos Raúl Eduardo Acquaviva; Alberto Elizalde Leal; Jorge Taiana, actual canciller; Roberto Páez, Luis Eduardo Bloga; Eduardo Alberto Torres; Carlos Alberto Martínez; Julio César Urién; Horacio Alejandro Micucci; Julio Alberto Machado; Luis Ricardo Córdoba; Francisco Virgilio Gutiérrez, actual intendente de Quilmas; Eduardo Victorio Paris y Dionisio Puz.
((i)) Derechos Humanos
Para seguir día a día del Juicio a la Unidad Nº 9, pueden consultar los siguientes blogs: [1] ó [2]
