Comenzó el Juicio a la Unidad 9

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[Por ANRed La Plata]

Comenzó el juicio a los penitenciarios y médicos de la Unidad 9

Después de 34 años de impunidad, comenzó ayer lunes 12 de abril el juicio a carceleros y médicos responsables de casi un centenar de homicidios, desapariciones y torturas desde 1976 a 1979. La causa fue iniciada en abril del 2002 por el ex fiscal del Juicio por la Verdad, Félix Crous, quien luego de examinar los testimonios de ese proceso judicial radicó la denuncia penal ante el titular del Juzgado Federal N°1 de La Plata.

Ayer a las 11:00 del mediodía el juez Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, dio comienzo al juicio por casos de lesa humanidad, cometidos por 11 carceleros y 3 médicos en la unidad carcelaria bonaerense N°9.

Las audiencias serán, a partir de hoy, los lunes y martes de los próximos cuatro meses, y se realizan en el ex edificio de Amia, en la calle 4 entre 53 y 54 de la Ciudad de La plata. Por allí pasarán a dar testimonio más de 200 personas privadas de la libertad entre 1976 y 1983.

La particularidad del juicio es que por primera vez se avanza en la cantidad de acusados, acercándose a lo que los organismos de derechos humanos vienen exigiendo: la metodología de tomar un Centro Clandestino de Detencion (CCD) entero para "juzgar a todos los cómplices, por todos los compañeros"; se exige esto debido a la lentitud de los procesos judiciales realizados de a sujetos individuales; hasta ahora en La Plata sólo se ha sentenciado al ex capellán Christian Von Wernich y al ex comisario Etchecolatz.

La Unidad 9 era donde el aparato represivo encarcelaba, y torturaba militantes políticos manteniéndolos blanqueados, legalizados y haciendo público su alojamiento. Según diversos testimonios de las víctimas, sobretodo en el marco de los Juicios por la Verdad, las metodologías de tortura en la U° 9 eran las mismas que en todos los CCD, a excepción de la picana eléctrica.

Un hecho significativo en la causa, es el hecho ocurrido el 13 de Diciembre de 1976, mismo día que asumía como Jefe de la Unidad Abel Dupuy, donde el Ejército nacional y los penitenciarios realizaron una requisa torturando a todos los presos, y robándoles todos los materiales de lectura de las celdas. Además se reconocen en las prácticas de tortura realizadas en la Unidad 9, algunas comunes a las que , según explican las organizaciones de derechos humanos, se aplican en las unidades de la provincia hoy en dia; tales como "la zapatilla" donde se golpea en las plantas de los pies para omitir las marcas, o "el teléfono", un golpe seco en ambos oidos, con ambas manos; los golpes en la boca del estómago, las duchas de agua fria, la ropa de invierno en verano y a la inversa, etc.

Los acusados en el juicio son por un lado los suboficiales penitenciarios que estaban a cargo de la Unidad, y por el otro, médicos que cumplían un rol fundamental para el andamiaje represivo, dando el visto bueno y el aval para la continua tortura. Los tres doctores acusados son Carlos Jurío, Enrique Corsi y Luis Favola, de 61 ,64 y 65 años. Los 11 penitenciarios que están en el banquillo son: Abel Dupuy, Isabelino Vega, Victor Ríos, Elio Marcoso, Jorge Perata, Valentin Romero, Hector Acuña, Ramón Fernandez, Andres Basualdo, Catalino Morel y Raul Rabaneira.

Las causas de los querellantes son: Homicidio y Privación Ilegitima de la Libertad de Dardo Carbo, Rufino Pirles (ambos asesinados durante un traslado), Horacio Rapaport, Angel Georgiadis y Julio Cesar Urien; Tormentos seguidos de muerte a Marcos Ibañez; privación ilegitima de la libertad de Guillermo Segalli, Gonzalo Carranza y Miguel Dominguez (todos desaparecidos) y de Horacio Micucci, Juan Distefano y Juan Gramano; también se los acusa del homicidio de Juan Carlos Delhi; los tormentos seguidos de muerte de Alberto Pintos, quien sufría de epilepsia, y fue fundamental la decisión del Dr. Corsi quien firmó para que el preso continúe siendo torturado en un "buzon de la muerte", hasta finalmente fallecer en un hospital. También se juzgan otros tormentos a 63 víctimas.

Durante el juicio, un centenar de personas de organismos de derechos humanos, agrupaciones estudiantiles y partidos políticos se concentraron en la esquina del ex edificio de la Amia, apoyando a los familiares; y en algunos afiches pegados por la zona, se recordaba que Jorge Julio Lopez estuvo preso 2 años en la Unidad 9 y que hoy tendría que estar presente en el juicio.

Recién el 20 de abril comenzarán a recibir testimonios, y finalmente en Agosto se juzgará los hechos ocurridos en la causa N 2901/09 caratulada: "DUPUY, Abel David y otros s/homicidios, tormentos, privación ilegal de la libertad y otros", ocurrido en la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata, durante la última dictadura militar argentina.

Fotos de Natalia Pastor de Red Eco (integrante RNMA):

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Juicio Unidad Nº 9

CARCEL A LOS CARCELEROS DE LA U9!




El 12 de abril a las 9 hs, comenzará el juicio por hechos ocurridos en la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata, durante la última dictadura.



Para esto, la causa sorteó siete años de instrucción en el Juzgado de Humberto Manuel Blanco y un año de espera en el Tribunal Oral Federal N 1 de La Plata. La causa es la N 2901/09 caratulada: ‘DUPUY, Abel David y otros s/homicidios, tormentos, privación ilegal de la libertad y otros‘, y serán juzgados los penitenciarios Abel Dupuy, quien era director de la Unidad, Isabelino Vega, Víctor Ríos, Elvio Cosso, Catalino Morel, Ramón Manchado Fernández, Jorge Luis Peratta, Segundo Andrés Basualdo, Valentín Romero, Héctor Acuña, Raúl Aníbal Rebaynera y los médicos del Servicio Carlos Domingo Jurio, Enrique Leandro Corsi y Luis Domingo Favole.



Los hechos elevados a juicio son los homicidios de Horacio Rapaport, Juan Carlos Deghi, Angel Georgiadis, Rufino Pirles y Dardo Cabo, los tormentos seguidos de muerte de Marcos Ibáñez y Alberto Pinto, las desapariciones de Guillermo Segalli, Gonzalo Carranza y Miguel Domínguez, la privación ilegal de libertad de Horacio Alejandro Micucci, Juan Destéfano y Amadeo Gramano y las torturas que sufrieron más de 80 presos políticos, víctimas en la “requisa” del 13 de diciembre de 1976.



Durante la dictadura, muchos de los presos políticos de la U9 provenían de centros clandestinos de detención, y eran “blanqueados” en ese lugar. Sin embargo, continuaban las torturas, los regresos a los centros clandestinos, y el secuestro y desaparición de detenidos y familiares. En definitiva, la U9 estaba integrada al sistema de represión ilegal, y como tal los delitos cometidos en ese lugar son constitutivos del genocidio que ocurrió en nuestro país.



El juicio se llevará a cabo en la Ex Amia, calle 4 e/51 y 53, los días lunes y martes desde las 9:00 hs.

Se prevee una duración de cuatro meses.

Movilización a 34 años del golpe genocida

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Martes 23 de marzo:
Plaza San Martín, La Plata, 17 hs


Miércoles 24 de marzo:
Plaza Congreso, Capital Federal, 15 hs

No al Código Contravencional

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Paremos el código contravencional

¡¡ Miercoles 17 de Marzo 12 hs nos convocamos todos en 7 y 51 !!

Ante las propuestas que apuntan a la creación de un modelo de control social que incentiva el gobierno de Scioli, diversas organizaciones y vecinos nos convocamos para expresar nuestro más enérgico rechazo.

Este modelo tiene como uno de los ejes prioritarios la modificación del código contravencional vigente. Los códigos contravencionales existen en todas las provincias y han sido usados históricamente para detener sin orden judicial. Una contravención se define como obrar en contra de lo que está mandado, y las figuras contravencionales siempre han sido definidas de manera muy poco claras y ambiguas, como por ejemplo: “merodeo”, “escándalo”, “vagancia”, “alteración del orden público”, entre otras.

La sanción de estos comportamientos consiste en la posibilidad de ser multado/a o encerrado/a por ser considerado “sospechoso/a” o “peligroso/a”, criterio definido por el “olfato policial” o la intuición de algún/a vecino/a. Esta falta de claridad constituye una violación a la Constitución Nacional en múltiples aspectos: tipifica delitos de autor (portación de cara, apariencia física, vestimenta, etc.), acaba con el principio de inocencia y ataca la libertad ambulatoria, entre otras.

Este conjunto de medidas represivas y discriminatorias afectarán fundamentalmente a los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, dando un manto de legalidad a muchas prácticas que ya existen, lo que lejos de ser una solución al problema de “inseguridad” agrava otros.

Cuando el gobernador plantea “que la policía gane las calles” está haciendo referencia a la ampliación del poder que los agentes tendrán para detener a personas, siendo los únicos árbitros, ya que se los habilita a “obrar de oficio”, es decir, sin que medie autoridad judicial ni denuncia necesaria . Esta herramienta otorga un “cheque en blanco” a las negociaciones de la policía en las calles, puesto que, aquellos/as quienes puedan eludir las contravenciones serán quienes posean los recursos para pagar las multas o para “negociarlas” (Las multas van desde los 7 mil pesos o 30 días de arresto, en caso de no poder abonarlos).

Este otorgamiento de “mayor poder a la policía” se basa en un modelo de control y disciplinamiento social, que se traduce en una mayor presencia de policías en nuestras calles y plazas, militarizando los espacios públicos. Al mismo tiempo incentiva a la rentabilidad del negocio creado en torno a la seguridad, (agencias de seguridad privadas).

Mientras tanto, no se desarrollan políticas de promoción e inclusión que apunten a dar solución a la desigualdad social. No se reglamentan ni ejecutan la Ley 13.298 de Protección y Promoción de los Derechos de los Niños (sancionada en 2006), la Ley 13.956 de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle (sancionada en 2009, por este mismo gobernador).

Mientras que la canasta familiar aumenta no se asigna presupuesto a los comedores escolares de la Provincia, con lo cual un importante número de niños/as ven disminuido su derecho a la alimentación y, con esto, el acceso a la salud. Estas políticas de inclusión nunca han sido llevadas a cabo porque no se les ha asignado recursos, mientras sí se destina cada vez más dinero a políticas de encierro y castigo.

Además de la ambigüedad en las figuras que el código establece, tiene artículos dirigidos directamente a perseguir la organización y protesta social: congregarse en espacios públicos, hacer comentarios que puedan “ofender” a las autoridades, cortar una calle, pintar una pared o pegar papeles en ellas, puede considerarse contravenciones (cuando son realizadas por 3 o mas personas las sanciones aumentan considerablemente), reduciendo el derecho legitimo a la protesta, la organización y la libertad de expresión.

Todo esto profundiza un modelo social que, ante el aumento de la pobreza, de descontento social y, por lo tanto, de la organización y la protesta popular, solo responde “tapando y encerrando al pobre” y prohibiéndonos a todos organizarnos y expresarnos.

No queremos una sociedad “controlada” bajo las armas y la amenaza constante de una institución corrupta, queremos una sociedad justa donde las políticas públicas aseguren trabajo digno, salud y educación para todas y todos.

Los códigos contravencionales son inconstitucionales

Abajo el código contravencional vigente

SOLO ASEGURANDO VIDA DIGNA CONSTRUIREMOS SEGURIDAD PARA TODOS

noalcodigodescioli.blogspot.com
(Notas, Videos, Suscripciones, Archivo)

Orden de detención para represores de La Cacha

Reproducimos comunicado de Justicia Ya.


EL JUEZ BLANCO SE DESPERTO DEL LETARGO Y POR FIN SE DECIDIO A ORDENAR 20 DETENCIONES, SOBRE 125 REPRESORES DENUNCIADOS, EN EL CCD LA CACHA

Durante la semana pasada el juez Manuel H. Blanco ordenó por fin la detención de 20 represores que serán indagados por las torturas y crímenes ocurridos en el CCD La Cacha, ubicado en la localidad de Olmos, durante la última dictadura militar argentina.

Dos detalles, respecto a la medida que tomó el magistrado del Tribunal Federal 1 de La Plata:

1) Tardó siete años en disponer la medida de detención para indagatorias. La causa judicial que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en La Cacha se abrió en el año 2003, junto a otras que investigan los CCD que funcionaron en la Brigada de Investigaciones de La Plata, en 1 y 60 y en la Comisaría Octava de La Plata.

Desde entonces hasta hoy, la causa Brigada pasó a otro juzgado y Blanco no llevó adelante una sola acción respecto las últimas dos causas. Con respecto a La Cacha, cabe destacar que a poco de andar se le adjuntó una causa abierta en el año 1984 por el ministro Portesi en la que ya se había investigado el funcionamiento de dicho CCD y se había tomado declaración a muchos de los sobrevivientes. Sin embargo, Blanco dejó dormir la causa por 7 años sin detener ni siquiera convocar a prestar decaración indagatoria a ningún represor.

Blanco actuó esta semana presionado por una denuncia ante el Consejo de la Magistratura presentada en diciembre de 2009 por Justicia YA! y otros organismos de derechos humanos y personalidades, en la que destacan las irregularidades y el exasperante retraso que acarrea la nula investigación en todas las causas por delitos de lesa humanidad que sustancia el juzgado de Blanco. Uno de los ítems de la denuncia fue precisamente, la situación de la causa La Cacha en la que los querellantes aportaran gran cantidad de pruebas y solicitaran en reiteradas ocasiones la indagatoria de numerosos miembros de las fuerzas de seguridad-

2) Blanco ordenó la detención sólo para 20 represores, y sólo tuvo en cuenta el funcionamiento del CCD en el año 1977; mientras que Justicia Ya! presentó pruebas para que sean indagados 125 responsables de las acciones represivas cometidas sobre 198 compañeros que estuvieron detenidos-desaparecidos en dicho CCD desde fines del 76 hasta fines del 78. Allí participaron efectivos del Ejército, la Armada, la Policía Federal y la provincial, del Servicio Penitenciario Bonaerense y el Servicio de Inteligencia del Ejército.

No queremos que la Justicia actúe por acción y reacción. No queremos que cada causa sea una batalla contra el juez, queremos jueces comprometidos con la justicia.

No admitimos que se avance a cuenta gotas y solo después de que los organismos y los querellantes insistan y denuncien una y otra vez para exigir que los jueces hagan su trabajo: juzgar a todos los genocidas y condenarlos por todos los compañeros.

3 años del femicidio de Sandra

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ESTE LUNES 22 DE FEBRERO

TODAS SOMOS SANDRA

A TRES AÑOS DEL FEMICIDIO
DIVERSAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS
CONVOCAMOS A UNA JORNADA DE LUCHA:

* 10.00 HS. CORTE DE CALLE EN 7 Y 46
* 11.00 HS. RUEDA DE PRENSA EN LA COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA, CALLE 54 Nº487
* 12.00 HS. HASTA 17.00 INTERVENCIONES ARTÍSTICAS, PERFORMANCE, R ...ADIO ABIERTA.
* 17.00 HS. MARCHA Y MOVILIZACIÓN
* 20.00. HS BANDAS MUSICALES


Más información en:

• http://talleresmujeres.blogspot.com/2010/02/220210-tres-anos-del-femicidio-de.html

Denuncia al Juez Blanco

Desde la Mesa de Escrache Popular adherimos al siguiente comunicado de prensa difundido por Justicia Ya! La Plata.

COMUNICADO PRENSA

JUSTICIA YA! LA PLATA

18 DE DICIEMBRE DE 2009

A 39 MESES del SECUESTRO Y DESAPARICION FORZADA DE JORGE JULIO LÓPEZ

ORGANISMOS Y QUERELLANTES NUCLEADOS EN JUSTICIA YA! PRESENTAN DENUNCIA AL JUEZ HUMBERTO MANUEL BLANCO ANTE EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Representantes de organismos defensores de los derechos humanos, querellantes particulares de las causas contra los genocidas y miembros de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas presentarán este 18 de diciembre una denuncia ante el Consejo de la Magistratura por el mal desempeño del juez Manuel Blanco, titular del Juzgado Federal Nº 1 de La Plata.


En dicho escrito se detallan las graves irregularidades registradas en todas las causas por delitos de lesa humanidad radicadas en el juzgado a cargo del doctor Blanco: Unidad Penitenciaria nº 9; CCD La Cacha ; Causa Nº 15274 (Ferreyro); Comisaría 8va; Causa 1 y 60; Causa Cementerio de La Plata ; Causa Triple A; Causa López y causas por apropiación de menores durante la dictadura militar.

Entre las irregularidades y la escasa o nula investigación denunciadas, se señala que en la causa por los hechos ocurridos en la U 9, Blanco sobreseyó definitivamente a varios represores a pesar de que la Cámara le había ordenado recabar más pruebas contra ellos. A partir de la apelación de la querella de Justicia YA!, los sobreseimientos fueron revocados, sin embargo, cuatro meses después siguen sin ser convocados los testigos.

En La Cacha , causa abierta hace seis años y medio, no hay ningún indagado ni procesado a pesar de los numerosos pedidos de las querellas y de fiscalía en los que se identifica a centenares de responsables. La actividad del juez se limita a convocar a los testigos que ya han declarado a reiterar su testimonio.

En la causa iniciada en 2001 contra Miguel A. Ferreyro, torturador que se desempeñó en el CCD “El Infierno”, el juez sobreseyó al acusado por el delito de violación sin convocar a ninguno de los testigos del hecho ysosteniendo que “no surge a mi criterio elementos suficientes para evidenciar siquiera el hecho, con el grado de certeza requerido en esta etapa sumaria, ni su motivación”.

En tanto, las causas por los hechos ocurridos en Comisaría 8va, Cementerio de La Plata , y el CCD que funcionó en 1 y 60, están paralizadas desde el momento en que se abrieron, el 26 de marzo de 2003.

Lo mismo ocurre con la causa abierta para investigar los delitos cometidos por las patotas paramilitares que azotaron la provincia de Buenos Aires antes del golpe de estado, la Triple A entre otras.

También se denuncian las graves irregularidades y demoras injustificadas en las causas por apropiación de menores, básicamente la inmovilidad en la que permanecen desde hace años.

En cuanto a la Causa López , Blanco la tiene bajo su órbita desde febrero de este año, cuando su par Arnaldo Corazza renunciara a seguir investigando. En un principio optó por radicar la causa en una Secretaría común de su juzgado que la desconocía por completo, y luego la delegó en el fiscal Franco quien la rechazó una y otra vez. Todo concluyó varios meses después, con el apartamiento del fiscal de la causa, y sin que ninguna actividad útil se haya realizado en ese lapso.

El escrito concluye solicitando al Consejo de la Magistratura “su inmediata intervención para que el juez denunciado sea sometido al proceso de acusación pertinente a los fines de la remoción del cargo que ostenta.”

Firman la presentación entre otras organizaciones:

ASOCIACION DE EX DETENIDOS-DESAPARECIDOS (AEDD)

ASOCIACION DE PROFESIONALES EN LUCHA (APEL)

CENTRO DE PROFESIONALES POR LOS DERECHOS HUMANOS (CeProDH)

COLECTIVO DE ABOGADOS LA CIEGA

COMISION DE DD.HH. DE URUGUAYOS EN ARGENTINA

CTA LA PLATA Y ENSENADA

CTA NACIONAL – Secretaría de Derechos Humanos

FUNDACION INVESTIGACION Y DEFENSA LEGAL ARGENTINA (FIDELA)

HIJOS LA PLATA

INSTITUTO DE RELACIONES ECUMENICAS (IRE)

LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE (LADH)

UNION POR LOS DERECHOS HUMANOS

VECINOS DE SAN CRISTOBAL CONTRA LA IMPUNIDAD

EQUIPO ARGENTINO DE INVESTIGACION PSICOSOCIAL (EATIP)

FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLITICAS

FEDERACION UNIVERSITARIA DE LA PLATA (FULP)

HERMANOS DE DESAPARECIDOS POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA

MADRES DE PLAZA DE MAYO - LINEA FUNDADORA

MADRES DE PLAZA DE MAYO-LA PLATA (ADELINA ALAYE)

MOVIMIENTO ECUMENICO POR LOS DERECHOS HUMANOS (MEDH)

MULTISECTORIAL La Plata , Berisso y Ensenada

Y una gran cantidad de querellantes y familiares de víctimas incluidas en las causas a cargo de Blanco.

justiciayalp@yahoo.com.ar